Publicado en El Diario el 10 de agosto de 2017
A lo largo de las
décadas, salvo pocas excepciones, nuestro país ha ido perdiendo en el terreno
de la diplomacia, pero no por incapacidad o impericia de nuestros funcionarios diplomáticos
(aquí hay excepciones también, como en todo, pues los hubo muy ineptos), sino
por la desventaja y el atraso económicos de Bolivia, siendo que la economía
pública y las finanzas condicionan siempre la prosperidad material de los
países del mundo, y las que por tanto establecen de forma despiadada e injusta
la asimetría de poderes, que es azas perceptible para toda persona. Es por eso
que la economía es la madre de las ciencias sociales y el indicador para la
medición de la capacidad política internacional de un Estado en el concierto
internacional de los países. Ahí, en la riqueza, radican el peso y la fuerza
reales y prácticos. La economía (por extensión, la fuerza militar, el mercado y
la pujanza en todo orden), pues, se impone a la diplomacia y a la misma
doctrina del Derecho de Gentes, pero más a la primera que a la segunda. Al
final, la diplomacia termina siendo lamentablemente una mesa donde muestran su
verdadera faz los monstruos de la economía.
Mientras Bolivia sea, en tamaño de
hacienda y en capacidad militar, menos que Chile, difícilmente o nunca podrá
llegar a la costa por medio de negociaciones diplomáticas. Es por eso que creo
que si Bolivia decide asumir la demanda por la cualidad marítima como una
política de Estado (lo cual ha hecho desde 1910 pero como un mecanismo
diplomático), debe consolidar el Derecho Boliviano y la doctrina que éste
conlleva, que es la sola llave que contiene el derrotero en favor de los
bolivianos. Se debe establecer la doctrina jurídica.
La revisión del Tratado es competencia
exclusiva de las partes. Los internacionalistas ya han departido demasiado
acerca de las posibilidades que tienen Bolivia y Chile en lo relativo al
dictamen final de la CIJ, pero ninguna persona que no se esté haciendo cargo de
la demanda en la parte netamente jurídica, ni los mismos publicistas y juristas
más versados, ha podido verter hasta ahora juicios certeros acerca de la
consistencia de nuestros alegatos, porque no se conocen en profundidad. Y por
lo mismo, nosotros nos eximimos de hacerlo aquí. Todo lo que se ha venido
diciendo y comentando hasta ahora, es cuando menos opinión profana al contenido
jurídico y científico de la doctrina de la demanda. Lo cierto es que la CIJ no
tiene señorío absoluto ni autoridad coercitiva para hacer cumplir a un Estado
un fallo, y aunque la Corte fallara para que Chile tuviese que negociar, éste
solo se vería obligado a cumplir por un Derecho fundado en la costumbre, en la
moralidad, si se quiere. Pero su soberanía de decisión, como la de cualquier
Estado, está sobre todo.
La ley está ahí (Pacto o Tratado), y la
ciencia jurídica está también ahí, no es inmutable, pero siempre será. Dicho lo
cual, me diréis, entonces: “¿Cómo, si la diplomacia es ineficaz para la
cuestión, el Derecho puede ser fructífero, si éste también está supeditado a la
fuerza económica de un país, como se ha dicho antes?”. Yo diré, entonces: “Si
la diplomacia es un arma ineficaz para esta cuestión, es porque su fuerza está
cimentada en la negociación, en cambio la del Derecho, desde los tiempos de
Solón y para siempre, estará sobre el pivote de la razón”. Entonces la invocación
a la razón siempre tendrá mayor fuerza que la apelación a la buena voluntad,
que es, de una u otra forma, lo que demanda la diplomacia.
Ignacio Vera-Rada
